Operación contra tráfico de migrantes: repercusiones legales para implicados
En medio de la desarticulación de la red criminal durante la Operación Iguana, el Tribunal Colegiado de Jimaní dictó penas de 10 y 15 años de privación de libertad para los líderes señalados por tráfico ilícito de migrantes agravado.
Roberto Méndez Pérez y Johan Rosario Castillo recibieron condenas de 10 años, mientras que Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán fueron sentenciados a 15 años, además de una multa equivalente a 150 salarios mínimos.
Por su parte, Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán resultaron absueltos de los cargos presentados en su contra.
Los fiscales Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentaron pruebas contundentes que respaldaron la decisión de los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White al emitir las condenas.
La PETT, bajo la dirección de Yoanna Bejarán Álvarez, llevó a cabo la Operación Iguana en 2022, ejecutando nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales para desmantelar la red que operaba en la frontera domínico-haitiana.
En las diligencias, se incautaron siete vehículos, 127 pasaportes extranjeros, alrededor de 116 mil pesos, 383 dólares, numerosos documentos y un arma de fuego calibre 9mm.
La investigación penal comenzó en diciembre de 2021 gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y el Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, revelando las actividades delictivas de la red, incluyendo tráfico de migrantes agravado y secuestro de cubanos, entre otros.
Los acusados utilizaban amenazas y chantajes para obtener sobornos, manteniendo a las personas secuestradas hasta recibir el pago correspondiente, llegando incluso a amenazar en caso de no ser cumplidas sus exigencias económicas.
La red fue acusada de infracciones a múltiples leyes, incluyendo la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y otras normativas legales relevantes.
El Ministerio Público subrayó la trascendencia de castigar estos hechos delictivos que afectan principalmente a individuos vulnerables, principalmente mujeres, niños y adolescentes.