¿Es posible la deportación de un millón de inmigrantes indocumentados por parte del gobierno?
En caso de una eventual reelección presidencial de Donald Trump, se ha planteado la deportación masiva de aquellos individuos sin autorización legal para residir en Estados Unidos.
La idea de deportar a un millón de personas ha sido sugerida por JD Vance, candidato a vicepresidente por el partido republicano, durante una entrevista televisiva, refiriéndose a la oportunidad de retomar donde falló Kamala Harris.
A pesar de que esta propuesta ya forma parte de la plataforma electoral de Trump bajo la premisa de “Deportaciones masivas ahora”, especialistas advierten sobre las complejidades legales y logísticas que conllevaría sacar del país a una cantidad tan significativa de individuos.
Retos legales para la deportación
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional y el instituto de investigación Pew Research, actualmente residen en EE.UU. alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales llevan una larga estadía en el país.
Los inmigrantes sin estatus legal tienen derecho al proceso legal correspondiente, incluida una audiencia judicial antes de su expulsión, lo que implicaría una necesidad de expansión del sistema de tribunales migratorios actualmente saturado y con retrasos en la resolución de casos.
Aunque la cooperación entre el ICE y las autoridades locales es crucial para el éxito de un programa de deportación masiva, existen desafíos debido a las leyes locales que limitan dicha colaboración, como en las denominadas “ciudades santuario”.
Factibilidad logística de la deportación masiva
En el caso de avanzar con un programa de deportación masiva, se enfrentarían enormes desafíos logísticos en términos de recursos y personal necesario para llevar a cabo dicha operación a gran escala. Se cuestiona la capacidad de los agentes del ICE para localizar y procesar a una fracción siquiera de la cantidad mencionada por la campaña de Trump.
El proceso de deportación es largo y complejo, requiriendo la cooperación diplomática de los países receptores. Además, habría implicaciones financieras considerables, estimándose un costo de alrededor de US$100 mil millones para un plan de esta magnitud.
Consideraciones políticas y financieras
El plan de deportación propuesto generaría una carga económica significativa, involucrando una ampliación de recursos y operaciones en la frontera y en el interior del país. Cualquier incremento en la eficiencia operativa resultaría en costos adicionales.
Además, cualquier acción de deportación masiva conllevaría un alto costo político y podría provocar una oposición pública intensa, afectando la imagen de Trump en términos de relaciones públicas en caso de su regreso al poder.
Antecedentes de deportaciones masivas
Durante el mandato de Trump, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país. La administración Biden ha seguido una política similar de deportación, estimando cifras similares.
Anteriormente, durante la administración de Obama, se deportaron más de tres millones de personas. Sin embargo, comparar estos datos con propuestas actuales de deportación masiva resulta complejo, considerando las diferencias en origen de los individuos y los procesos legales involucrados.