Cómo evitar la discriminación severa a través de una coexistencia obligatoria

Es fundamental entender la urgencia de atender las demandas reproductivas y educativas de los hombres haitianos y sus familias, quienes con su esfuerzo y bajos salarios sostienen la industria de la construcción, el sistema agroalimentario dominicano y otros sectores exportadores claves para la economía. Antes de considerar a estos individuos como invitados no deseados y fácilmente descartables, aquellos en posición de juicio deberían primero examinar los más de cincuenta años de fallas institucionales en gestionar adecuadamente la migración, sin asumir que el empleo debe ser exclusivo para los ciudadanos dominicanos, quienes buscan superarse en ocupaciones que a menudo rechazan por su dureza.

Adicionalmente, en la dinámica actual de empleo y migración, resulta imprescindible reconocer la interdependencia económica y social entre dominicanos y migrantes haitianos. Esta realidad derrumba cualquier argumento a favor de un aislamiento laboral basado en nacionalidades, promoviendo en cambio un entendimiento mutuo y colaborativo.

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Prohibir el acceso a servicios básicos como hospitales y escuelas a extranjeros, ya sean residentes o no, es una violación a los principios de convivencia y solidaridad humana; una discriminación que no enfrentan los numerosos dominicanos en el extranjero. La responsabilidad no recae principalmente en los migrantes, a menudo impulsados por la desesperación y el colapso de su nación de origen. Para estas personas, que han sido prácticamente expulsadas del país más empobrecido de América, ha sido y continuaría siendo beneficioso: la laxitud en el control de las migraciones indebidas al territorio dominicano y la amplia tolerancia que permite a empresarios emplear a una gran cantidad de trabajadores extranjeros para disminuir costos y asegurar beneficios económicos.

Es más, esta situación enfatiza la importancia de desarrollar políticas migratorias más humanas y eficientes, que no solo aborden la seguridad y la economía, sino también la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos, sin importar su origen. Así, se podría fomentar una sociedad más inclusiva y justa para migrantes y locales por igual.

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