Un acuerdo contractual representa un compromiso de naturaleza jurídica que define responsabilidades y derechos para las partes involucradas, que pueden ser individuos, organizaciones no gubernamentales o entidades del sector público, en relación con la adquisición de bienes, la oferta de servicios o la realización de proyectos específicos. Estos acuerdos cubren una amplia gama de actividades cotidianas, incluyendo la compra de propiedades y automóviles, así como la contratación de servicios esenciales como la conexión a internet y las telecomunicaciones.
Según lo establecido en el artículo 1108 del Código Civil Dominicano, la validez de un contrato depende de la presencia de cuatro pilares fundamentales: consentimiento de las partes, capacidad para contratar, un objeto concreto y una causa legal. Esto supone que, para empezar, las partes deben manifestar su conformidad con el contrato de manera voluntaria y bajo un entendimiento claro de los términos, sin ser víctimas de presiones, engaños o errores. Asimismo, deben estar legalmente autorizadas para realizar el contrato, lo que generalmente implica ser mayor de edad y no estar sujeto a limitaciones legales para su capacidad contractual. Además, el propósito del contrato debe ser específico, claramente definido y permitido por ley, lo que asegura la legalidad y claridad del acuerdo. Por último, el motivo del contrato debe ser legítimo, es decir, estar en conformidad con la ley y las buenas costumbres.
En el terreno privado, otorgar el consentimiento significa que las partes involucradas en un contrato acuerdan obligarse ante la ley, lo que requiere al menos dos expresiones de voluntad: la de quien ofrece y la de quien acepta, comúnmente representado por el vendedor y el comprador, respectivamente. Mientras que las partes suelen gozar de libertad para negociar los términos del contrato, siempre que no transgredan la ley, en los conocidos contratos de adhesión o contratos de consumo, los términos son establecidos unilateralmente por quien ofrece el bien o servicio, y el consumidor solo tiene la opción de aceptar dichas condiciones sin margen de negociación, como es típico en los contratos de servicios de internet, aseguranzas y productos financieros.
En lo que respecta al ámbito del Derecho Público, la forma en que se manifiesta el consentimiento varía considerablemente con respecto a la esfera privada. En el sector privado, las partes pueden libremente expresar su deseo de contratar directamente, sin la necesidad de seguir procedimientos específicos. Por el contrario, en el sector público, la Administración Pública está obligada a adherirse a un conjunto de normativas y procedimientos regulados para manifestar su intención de celebrar un contrato.
La forma en que la Administración Pública expresa su intención de contratar conlleva una serie de actos que deben realizarse tanto de forma previa como simultánea a la declaración de voluntad. Este proceso implica un enfoque deliberado y metódico, que contempla diversos pasos y evaluaciones, todos guiados por el principio de salvaguardar el interés público.
Para que la Administración Pública pueda expresar su consentimiento a un contrato, debe seguir un proceso precontractual que comienza con la elaboración y publicación de un pliego de condiciones. Este documento, que es preparado por la autoridad pública, especifica los detalles técnicos, los requisitos y las condiciones que los licitantes deben cumplir para participar en la licitación. La finalidad de esta etapa es igualar las condiciones de competencia para todos los interesados, fomentando la transparencia y la igualdad de oportunidades.
La especificación del pliego de condiciones determinala naturaleza exacta de lo que la Administración desea obtener, identifica a los potenciales oferentes y describe el método de adquisición previsto. Al detallar qué se pretende contratar, se procede a la definición precisa de los bienes, servicios o proyectos deseados, incluido su alcance técnico, calidad y otros aspectos relevantes. Esto garantiza la comprensión uniforme entre los oferentes potenciales, permitiéndoles preparar propuestas adecuadas y completas a lo solicitado.
La fase de presentación y evaluación de propuestas sigue a la publicación de los pliegos, donde los candidatos someten sus ofertas conforme a las especificaciones y requisitos dictados en los mismos. La Administración examina estas propuestas basándose en criterios objetivos preestablecidos, realizando un proceso de selección que se distingue por su transparencia y justicia, evitando cualquier sesgo o preferencia arbitraria. Así se asegura que la adjudicación se haga de una manera justa, seleccionando a aquel licitante que ofrezca las condiciones más ventajosas para las necesidades del ente gubernamental.
La etapa de evaluación comprende una comparación minuciosa de las ofertas presentadas respecto a los requisitos del pliego de condiciones. El propósito es asegurar que el proveedor seleccionado no solo cumpla con todos los criterios establecidos, sino que también presente la oferta más conveniente en términos globales. Este proceso detallado de evaluación no solo promueve la competencia leal y equitativa entre los oferentes, sino que también establece las bases para la siguiente fase precontractual: la adjudicación. El acto de adjudicación materializa y hace oficial el consentimiento de la Administración Pública hacia una contratación estatal específica.
Por ende, el acta de adjudicación es un documento que sella la decisión de la Administración Pública de seleccionar a un oferente en particular, comunicando los motivos y fundamentos de esta elección. Este acto no solo ejemplifica la transparencia y equidad del proceso de licitación, sino que también establece un compromiso inicial entre las partes, preparando el escenario para la formalización del contrato definitivo. Desde la perspectiva del proveedor, indica la aceptación de su propuesta y el compromiso de cumplir con lo estipulado en su oferta y en el pliego de condiciones.
Dado su papel central, los pliegos de condiciones constituyen un elemento crucial en cualquier proceso de contratación pública, ya que su precisión y claridad son determinantes para el entendimiento completo de las obligaciones y expectativas contractuales. La falta de claridad podría llevar a malentendidos y errores en el consentimiento, provocando que las partes acepten términos basados en premisas incorrectas o confusas.
Finalmente, aunque la manifestación del consentimiento juega un papel vital tanto en el Derecho Privado como en el Público, las modalidades de expresión y los procedimientos relacionados varían considerablemente entre ambos. En el ámbito privado, prevalece una mayor autonomía para definir los términos del contrato, lo que aporta una flexibilidad que se adapta a las necesidades específicas de las partes. Por otro lado, en el sector público se observa una rigidez procedimental que, aunque similar a los contratos de adhesión en ciertos aspectos, está diseñada para asegurar la transparencia, la justicia y la correcta administración de los recursos públicos en aras del bien común.