El ex magistrado del TSE, Ramón Arístides Madera Arias, insiste en la necesidad apremiante de mejorar las remuneraciones y crear un esquema de pensiones adecuado para los integrantes de la Fiscalía en República Dominicana, con el objetivo de asegurarles un retiro digno.
Este apremiante llamado a la acción incluye el reconocimiento por parte de altos cargos del Gobierno actual de la necesidad de retribuir adecuadamente al personal del Ministerio Público, dijo el exjuez.
Madera Arias, profesionalmente vinculado con el Ministerio Público durante años, enfatiza también la urgencia de contar con un seguro médico de calidad ya que, dada la precariedad de sus condiciones actuales, muchos fiscales enfrentan enfermedades sin tener medios para cubrir los costos de sus tratamientos.
Según Madera Arias, consejero de la “Asociación de Fiscales Dominicanos” (Fiscaldom), los profesionales del sector atraviesan por situaciones extremas de precariedad y peligro, no solo por sus difíciles condiciones económicas sino por la exposición directa a riesgos derivados de su labor, lo que les impide tener una vida social y personal equilibrada.
La dificultad para realizar intervenciones nocturnas, enfrentar a criminales sin garantías de seguridad, así como operar en un entorno de alto riesgo sin los medios necesarios, son parte de los desafíos cotidianos que enfrentan, reveló al enviar un informe a este medio.
Destacó que entre los trabajadores de la Fiscalía, hay quienes han dedicado hasta 45 años de servicio, sumando más de 75 años de edad, y un grupo significativo padece enfermedades graves, lo que complica aún más su situación laboral y personal.
Resalta que muchos de estos funcionarios provienen y residen en zonas vulnerables, lo que implica que tanto ellos como sus familias están expuestas a riesgos constantes, incluyendo el contacto con familiares de criminales, lo que agrava su situación de seguridad y bienestar.
Recalcó los peligros a los que se exponen los fiscales en su trabajo, citando ejemplos de agresiones y amenazas graves como parte de los sacrificios inherentes a su profesión.
Contrasta esta realidad con los beneficios de los jueces del Tribunal Constitucional, quienes disfrutan de pensiones completas y seguros médicos internacionales, independientemente del breve periodo que hayan ejercido, mientras que a la fecha, los fiscales no cuentan con un esquema de pensiones comparable.
Además, señaló diferencias sustanciales en las condiciones de retiro y los incentivos económicos entre jueces y fiscales, siendo estos últimos quienes enfrentan condiciones de mayor riesgo en su lucha contra el crimen, sin recibir una compensación justa.
Destacó la incoherencia de reconocer la labor de figuras como Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes enfrentan peligros constantes por un salario que considera insuficiente, y sin la perspectiva de una pensión digna o un seguro médico adecuado al riesgo y compromiso de su labor.
Madera Arias concluyó su intervención haciendo hincapié en que es deber del Gobierno proveer a la Procuraduría General de la República con los medios necesarios para establecer un sistema de pensiones digno, mejoras salariales significativas y un seguro médico competente para el personal fiscal, cuya moral se encuentra afectada por las actuales circunstancias.
Importancia de equiparar los beneficios del Ministerio Público con el resto del sistema judicial
El desarrollo de un entorno de trabajo justo y seguro para los fiscales no solo reflejará un avance significativo en la valoración de su labor crítica para la justicia, sino que también propiciará un sistema judicial más robusto y equitativo. La actual disparidad en el tratamiento de fiscales y jueces no solo merma la moral de estos profesionales indispensables, sino que denota una asignación de recursos que no corresponde a las demandas y peligros inherentes a su cargo. Es imperativo que se revisen y ajusten estas politicas para cerrar la brecha de desigualdad y garantizar la protección y el bienestar de quienes desempeñan uno de los roles más cruciales y arriesgados dentro del sistema legal de la República Dominicana.