Ayer, un conglomerado de proveedores de alimentos para escuelas manifestó su inconformidad frente al Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), exigiendo una solución a diversas irregularidades percibidas en conformidad con la Ley 340-06 y el Decreto 416-23, además de señalar el incumplimiento del Decreto 31-22.
La portavoz del colectivo, Elizabeth Berigüete, declaró que sobre 500 corporaciones se ven afectadas por no adherirse a los estándares de transparencia y legalidad requeridos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, a pesar de haber satisfecho los criterios para obtener la licitación y situarse en espera.
La vocera también hizo énfasis en el rechazo injustificado de candidaturas por errores menores, utilizados como pretexto para excluir a un número importante de aspirantes. Argumentó que tales fallos no afectan la competencia técnica necesaria y son susceptibles de corrección hasta el acto de firma del contrato, según la normativa vigente.
Además, Berigüete enfatizó en la distribución arbitraria de las provisiones que se ha mantenido constante desde 2022 hasta 2023, con asignaciones de cantidades significativas que oscilan entre los RD$6,500,000,000 y RD$12,000,000,000.
A lo largo de estos periodos, señaló que de un total de 2,239 empresas mipymes participantes en licitaciones y procedimientos de emergencia, solamente 1,365 resultaron contratadas, y de estas, 226 debieron renunciar o fueron expulsadas, afectando así a aproximadamente 1,100 empresas y eliminando a 793 mipymes del proceso.
Respuesta del Inabie
Mediante un comunicado, el Inabie mencionó un aumento del 40% en la cantidad de proveedores mipymes comparado con procesos previos, lo cual consideran un logro significativo.
Destacaron que la participación de las mipymes no ha disminuido, sino que, por el contrario, ha crecido gracias al incremento de los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un ajuste en el volumen de raciones disponibles, permitiendo así ampliar la base de proveedores.
Aclararon que, después de revisar minuciosamente las ofertas técnicas de más de dos mil mipymes y llevar a cabo inspecciones técnicas directamente en las cocinas, eligieron aquellas propuestas que cumplían con los requisitos y necesidades institucionales, asegurando así la adhesión a la ley de Compras y Contrataciones Públicas y la transparencia del proceso.
Problemáticas recurrentes en la gestión de contratos
Este escenario pone de manifiesto problemas habituales en la gestión de contrataciones públicas, incluyendo la importancia de mantener una comunicación clara y la necesidad de un marco legal sólido que permita la resolución de conflictos de manera justa y eficiente. La transparencia y la equidad deben ser pilares fundamentales en estos procesos para fortalecer la confianza entre las partes y asegurar la eficacia del sistema.
La situación actual resalta la urgencia de adoptar medidas que fomenten un ambiente de negocio justo y competitivo, donde la meritocracia y el cumplimiento efectivo de los requisitos sean los únicos criterios para la selección de proveedores, eliminando así cualquier margen para la arbitrariedad y fomentando una mayor participación en los proyectos gubernamentales.