Nueva herramienta para seguimiento de declaración jurada disponible
Después de reportes de varios empleados públicos, se comunicó que la Cámara de Cuentas de la República cuenta con más de 17 estaciones de revisión electrónica para atender a aquellos funcionarios que deben declarar según la Ley 311-14. Además, se han habilitado servicios de conexión a internet para facilitar el proceso, ayuda telefónica y soporte técnico.
Adicionalmente, se han llevado a cabo sesiones de capacitación tanto presenciales como virtuales en diversos municipios e instituciones con individuos obligados a declarar para resolver cualquier incertidumbre sobre el sistema y los requisitos normativos.
Seguimiento de declaraciones en curso
En relación a las declaraciones juradas de patrimonio, hasta el 11 de septiembre de 2024, se constató que de 190 diputados apenas 95 han presentado sus declaraciones, y solo unas 20 han sido enviadas para revisión a la Cámara de Cuentas. En cuanto a los 32 senadores, solo 16 han interactuado con el sistema y únicamente 4 han iniciado el proceso de revisión.
Se destaca que la mayoría de las interacciones se realizaron después del 6 de septiembre de este año, cerca del vencimiento del plazo establecido.
Permanencia de requisitos normativos
Se subraya que no ha habido modificaciones en los requisitos y normativas vigentes desde el periodo anterior, manteniendo las mismas exigencias para los declarantes. El cambio se ha centrado en la trazabilidad de la documentación como un mecanismo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
En este sentido, se enfatiza la importancia de la transparencia en las declaraciones patrimoniales, recordando que toda información debe estar disponible al público para prevenir la corrupción.
Confidencialidad y deber de rendir cuentas
La Cámara de Cuentas asegura cumplir con los requerimientos de confidencialidad establecidos por la ley. Además, se hace hincapié en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en 2021, donde se destaca la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas y demostrar transparencia sobre el origen de sus bienes.