La reforma indispensable

La retirada por parte del Gobierno de su propuesta de modificar la política fiscal ha sido considerada como una decisión acertada desde el punto de vista político. Sin embargo, en lugar de simplemente realizar ajustes para el desarrollo, la presente administración debería centrarse en llevar a cabo una reforma moral e ideal, tal como lo anhelaban diferentes fuerzas políticas y sociales que durante más de dos años clamaron en las calles por el fin de la impunidad y de los privilegios irritantes de ciertos sectores políticos y empresariales. Existe la creencia generalizada de que estas concesiones aún persisten, lo que resta legitimidad al Gobierno, algo que se ha hecho evidente en las discusiones públicas sobre la reforma en el Congreso.

Además, es cierto que el mencionado proyecto presentaba importantes deficiencias al no abordar los privilegios y la corrupción, sin embargo, considero que resultan más preocupantes las exageraciones y la hipocresía de los principales críticos de la reforma, tanto políticos como empresarios. A estos se sumaron otros grupos con diferentes intereses, incluyendo quienes buscan lo mejor para el país, generando una mezcla explosiva de ignorancia, irresponsabilidad y falta de coherencia, en la que participaron sectores de la comunicación y de las ciencias sociales, especialmente del ámbito económico. Estos elementos, sin duda, contribuyeron a los desalentadores resultados en encuestas que, se dice, preocuparon al gobierno.

En último término, la fuerza de los opositores al proyecto fallido residía en la creencia generalizada de que el Gobierno no ha abordado de manera efectiva y decisiva los problemas sociales, económicos y políticos arraigados. Se señala, por ejemplo, que la evasión del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios llega hasta un 47%, que se ha malgastado el presupuesto destinado a la educación, que la recaudación por servicios básicos como agua y energía eléctrica es mínima, que el financiamiento a los partidos políticos es excesivo, que las elecciones están marcadas por la desigualdad, así como la publicidad gubernamental que beneficia a antiguos funcionarios y congresistas que se otorgan pensiones y seguros médicos prohibitivos, entre otros aspectos.

Sin contar con la legitimidad necesaria, estos legisladores eran responsables de aprobar los cambios propuestos en la reforma, lo que los convirtió en objetivos fáciles para sectores que rechazan el sistema y la política, enemigos fervientes de los valores democráticos que aprovecharon las sesiones públicas para propagar odio, mentiras y violencia verbal y física en la sociedad. También se vieron influidos por una variedad de actores con posturas opuestas a la reforma. Otra razón que dificultó el respaldo a la propuesta del gobierno fue la idea de unificar las elecciones municipales con las presidenciales, un plan que fue rechazado por la mayoría de los alcaldes y directores de distritos municipales, así como por varios expertos técnicos y defensores de las municipalidades.

En este contexto, era improbable que el Gobierno lograra su objetivo. Ante la necesidad de abandonar cualquier intento de reforma fiscal, se plantea la opción de realizar ajustes en el presupuesto, limitar las posibilidades de endeudamiento y evitar la fuga de fondos hacia evasores. Estas medidas, aunque lógicas, podrían contribuir a mitigar el impacto de no obtener los recursos previstos con la reforma, sin embargo, para su efectividad se requerirán acciones contundentes, racionales y valientes. A pesar de ello, temo que, por más eficaces que resulten, estas medidas serán insuficientes para satisfacer las expectativas de la población, tanto en el actual periodo como en el próximo mandato de esta administración.

Este es un contenido adicional para enriquecer el análisis de la situación actual y las posibles soluciones a los problemas planteados.