Demora en la sentencia penal de un ex presidente en la Fiscalía de Manhattan
Posible aplazamiento de la sentencia solicitado por la defensa
El caso penal contra el expresidente Donald Trump, que involucra pagos irregulares a una actriz porno para proteger su campaña presidencial en 2016, ha generado un debate sobre un eventual retraso en la emisión de la sentencia. La solicitud de postergación, presentada por los abogados del exmandatario, plantea la necesidad de evaluar el fallo del Supremo de EE.UU. acerca de la inmunidad presidencial en el marco del proceso legal.
Respuesta de la Fiscalía ante la petición de retraso
Ante la petición de retrasar la fecha de la sentencia más allá de las elecciones del 5 de noviembre, la Fiscalía de Manhattan ha mostrado su disposición a permitir un aplazamiento para contar con un proceso de apelación claro y para evitar posibles consecuencias negativas derivadas de una espera prolongada en el proceso judicial.
Reprogramación de la sentencia y evaluación del impacto del fallo del Supremo
La sentencia inicialmente programada para el mes de julio fue pospuesta al 18 de septiembre, a fin de que el juez Juan Merchan pueda analizar el dictamen del Supremo que aborda la inmunidad penal del expresidente Trump y determine su influencia en el veredicto final. Se espera que el magistrado emita su opinión sobre este tema dos días antes de la fecha de la sentencia.
Argumentos de la defensa y críticas a posibles interferencias electorales
El abogado Todd Blanche, en representación de Trump, ha solicitado el aplazamiento de la sentencia, advirtiendo que el tiempo otorgado para preparar una posible apelación sería insuficiente en caso de que el fallo no favorezca al exmandatario. Además, se ha señalado la preocupación por posibles interferencias electorales dada la proximidad del inicio de votaciones anticipadas en algunos estados.
Veredicto previo y contexto del caso
En mayo, Donald Trump fue declarado culpable de numerosos delitos graves relacionados con falsificación de registros comerciales, vinculados a un pago destinado a silenciar a la actriz Stormy Daniels, con quien supuestamente mantuvo una relación en el pasado, con el propósito de proteger su carrera política durante las elecciones de 2016.