Implicación en actividades ilícitas lleva a solicitud de medida de coerción para oficial municipal
El Ministerio Público presentó ante la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de San Pedro de Macorís la petición de medida de coacción contra el regidor de dicho municipio, Walky Cuevas Charles, y Pamela Violeta Astacio, conocida como “Melvin Gato”, por su participación en una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yúnior Santos Restrepo.
Ambos imputados enfrentan la solicitud de ocho meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad en el proceso.
El arresto de Cuevas Charles y Astacio el 3 de septiembre es resultado de una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Drug Enforcement Administration (DEA) de EE. UU. Esta investigación previamente había llevado al arresto de Santos Restrepo y varios cómplices en la organización criminal activa en las regiones este y sur del país, dedicada a la introducción de drogas y sustancias controladas por las costas de San Pedro de Macorís y Barahona, para su posterior envío a EE. UU. y Europa.
La investigación liderada por Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reveló que Cuevas Charles y Astacio estaban involucrados en las actividades de lavado de activos de la red criminal.
Estos imputados, bajo las órdenes de Santos Restrepo, utilizaban los beneficios obtenidos de forma ilícita para adquirir propiedades lujosas y negocios, buscando dar una apariencia legal a las ganancias mal habidas.
Participación activa en operaciones ilícitas y lavado de activos
Entre las acciones realizadas por Cuevas Charles en esta red criminal, que movió más de 300 millones de pesos en la economía nacional, se encontraba el transporte de grandes sumas de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, a pedido de Santos Restrepo, para entregárselo a su madre, Diana Patricia Restrepo Nader.
Por otro lado, Astacio se encargaba de recibir dinero en los EE. UU. procedente de la venta de drogas, transfiriéndolo a República Dominicana para su uso por la organización criminal.
Asimismo, Astacio intentó ocultar bienes incautados por el Ministerio Público en beneficio de Santos Restrepo.
Las investigaciones han permitido recolectar pruebas sustanciales durante los allanamientos realizados en las residencias de los implicados.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente la participación de estos individuos en un grupo de crimen organizado, lo cual está sancionado por la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, así como por la Ley 155-17 que tipifica y castiga el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.