Apoya la propuesta para impedir desalojos arbitrarios en el país
La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana muestra su respaldo al proyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, que busca asegurar el derecho a una vivienda adecuada para las personas desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzados.
Se hace un llamado al presidente Luis Abinader para detener todos los desalojos en curso hasta que se apruebe e implemente la ley, con el fin de proteger a las familias vulnerables durante este proceso.
En un comunicado, se expresa solidaridad con las familias afectadas por desalojos en todo el país y se brinda apoyo a diversas organizaciones que las respaldan en esta situación crítica.
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Se solicita que el proyecto de ley incluya la obligatoriedad de que el Gobierno desarrolle programas de viviendas sociales para los desalojados, priorizando soluciones sostenibles que beneficien tanto a los afectados como al entorno natural.
Se destaca que esta acción legislativa representa una oportunidad histórica para resolver la problemática que afecta a numerosas familias dominicanas, especialmente a las más desfavorecidas.
Un compromiso fundamental
Se resalta que la vivienda digna es un derecho humano esencial que debe ser protegido y promovido en todas las esferas gubernamentales, y no solo como un principio constitucional.
A pesar de reconocer la importancia del proyecto de ley, se piensa que se pueden introducir mejoras para garantizar su plena efectividad en la protección de los desalojados y la prevención de futuras crisis.
Alternativas y mejoras
Se propone que el proyecto de ley contemple la creación de programas de viviendas sociales específicos para las personas desalojadas, priorizando soluciones sostenibles que también beneficien al medio ambiente.
Además, se sugiere la incorporación de mecanismos formales de consulta y participación comunitaria en cualquier proceso de desalojo, asegurando que las decisiones se tomen con el involucramiento activo de los afectados.
Se plantea que el Estado garantice compensaciones justas a las familias desalojadas y promueva un reasentamiento que contribuya al desarrollo social y económico de las comunidades afectadas a largo plazo.
Esencialmente, se propone que las soluciones habitacionales alternativas no sean meramente temporales, sino que fomenten el bienestar continuo de las personas desalojadas en el futuro.