Atrapados en medio de la incertidumbre
Estancamiento: proviene de un término latino que alude a un límite o frontera, llevando consigo la idea de estar justo en el “borde del abismo”. De manera coloquial, se emplea la expresión “estar en un punto muerto” para describir a alguien desconectado de su entorno o sumido en un lugar enigmático donde suceden cosas inexplicables o que se encuentra en un estado olvidado o ignorado.
Es en este estado donde un grupo considerable de personas de ascendencia haitiana en República Dominicana se ven atrapadas desde hace más de una década, a raíz de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre de 2013, la cual interpretó en forma retroactiva una reforma constitucional, determinando que esta aplicaba a nacimientos ocurridos en un rango de tiempo que comprendía desde 1929 hasta 2010.
Como consecuencia de esta resolución, miles de personas de ascendencia haitiana con nacionalidad dominicana se vieron privadas de su único estatus nacional, convirtiéndose en apátridas. Esto desencadenó una ola de cancelación masiva de actas de nacimiento y de documentos de identificación por parte de las autoridades.
El movimiento “Reconocimiento” llevó a cabo una protesta pacífica frente al Palacio Nacional el lunes, solicitando al presidente Luis Abinader que pusiera fin al proceso de desnacionalización de los descendientes haitianos.
Pero, ¿cuál es el impacto real de esta situación en la vida cotidiana de estas personas? La imposibilidad de acceder a empleo formal, educación, servicios de salud, pagar impuestos legalmente e incluso carecer de existencia legal, incluyendo el derecho a un acta de defunción. Estas personas simplemente están en un estado de “estancamiento”. No son reconocidas ni para bien, ni siquiera para ser identificadas en caso de cometer algún delito.
Abordar este tema resulta incómodo para muchos, conscientes de que va en contra de los principios de un estado que se proclama respetuoso de los derechos humanos. Por ello, prefieren guardar silencio o evitar enfrentarse a los comentarios y críticas, seguidos de la rápida etiqueta de “prohaitiano” para aquellos que denuncian esta problemática.
Es urgente reconocer los derechos sociales, económicos y políticos de las personas de ascendencia haitiana y restituir la nacionalidad de aquellos despojados de ella, nacidos entre 1929 y 2010.
A lo largo de estos años, no ha habido una solución efectiva que resolviera esta situación dejada por la sentencia y las leyes discriminatorias y racistas en contra de aquellos cuyo único delito fue nacer de padres haitianos en suelo dominicano.
Es irónico que en un país reconocido por la emigración (incluyéndome), cuya economía depende en gran medida de las remesas enviadas por aquellos que buscan mejorar la vida de sus familias, o donde muchas personas eligen viajar al extranjero para dar a luz.
Concluyo recordando la valiosa contribución que esta comunidad hace al desarrollo económico, social y cultural del país, así como la importancia que tiene Haití como uno de nuestros principales socios comerciales. El fomento del odio entre ambas naciones no traerá más que consecuencias negativas. Apuesto por una política migratoria justa, que establezca límites y normas necesarios, ponga fin a la corrupción en las fronteras, y que respete los derechos fundamentales como un pilar básico.