Preocupación por falta de transparencia en funcionarios públicos
El lunes, Participación Ciudadana manifestó su profunda inquietud ante lo que consideran un desprecio hacia la normativa de Declaración Jurada de Patrimonio Público por parte de los servidores públicos.
La organización señala que la mayoría de los funcionarios no ha cumplido con la obligación de presentar su declaración en el plazo establecido por la Ley No. 311-14, lo que denota falta de interés y desapego a lo establecido legalmente.
La normativa estipula que al asumir un cargo, los funcionarios disponen de 30 días para declarar su patrimonio, plazo que ya ha vencido. Sin embargo, según Participación Ciudadana, numerosos funcionarios, incluidos legisladores, no han realizado estas declaraciones a pesar de tener más de 120 días desde su elección el pasado 16 de mayo.
Resulta especialmente preocupante que los legisladores, quienes se espera sean ejemplares en el cumplimiento de las leyes que promulgan, estén en esta situación.
Algunos legisladores solicitan una ampliación del plazo, lo que, según la organización, evidencia un desconocimiento de la ley, ya que el reglamento solo permite una prórroga de 10 días en casos de declaraciones incompletas, no en situaciones de no presentación.
Participación Ciudadana ha requerido a la Cámara de Cuentas y a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio Público que divulguen los nombres de quienes han cumplido con la normativa, los que lo han hecho tardíamente, y quienes aún no han presentado sus declaraciones. También solicitan información acerca de si se han remitido los casos de incumplimiento al Ministerio Público, como dicta la ley.
Por último, la organización insta a las autoridades nacionales a aplicar las consecuencias previstas, incluso proponiendo una reforma para inhabilitar a los funcionarios que no cumplan con las declaraciones para ocupar cargos públicos en el futuro.
Adicionalmente, se destaca la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad que los funcionarios deben asumir en su relación con la ciudadanía para fomentar la confianza en las instituciones gubernamentales.