En respuesta a la convocatoria abierta al público, donde se recibieron valiosas críticas al borrador del Código Penal que se pretendía ratificar de forma precipitada, las sugerencias hechas de forma constructiva fueron lamentablemente ignoradas por el comité del congreso, a pesar de que este había mostrado apertura hacia diferentes opiniones. Las discusiones que podrían haber llevado a un consenso más amplio y a una legitimación más profunda del documento, no lograron alterar en lo más mínimo el texto preexistente. Este último incluye más de 30 aspectos criticados por atentar contra los derechos fundamentales especialmente de mujeres y niños, y por promover discriminaciones que representa un retroceso.
Agregar a esto, es crucial enfatizar que la exclusión de observaciones fundamentales del diálogo público sobre el Código Penal evidencia una resistencia preocupante a incorporar cambios necesarios para el avance social. Esta postura obstinada obstaculiza significativamente el proceso de modernización y ajuste de nuestras leyes a las necesidades actuales de la sociedad, perpetuando prácticas y perspectivas que deberían ser revisadas y mejoradas en favor de una legislación más equitativa y actualizada.
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Con un enfoque de sensatez y respeto por la diversidad de puntos de vista entre los ciudadanos dominicanos, el presidente Luis Abinader ha solicitado esfuerzos renovados para alcanzar resultados que no excluyan radicalmente ninguna de las visiones predominantes en este conflicto de perspectivas, todas merecedoras de igual consideración. En concordancia con los principios jurídicos que han orientado a la mayoría de las naciones en la adopción de códigos penales modernizados, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, ha apoyado la exigencia para que el proyecto bajo revisión emane de un consenso nacional que resuelva las discrepancias y contradicciones que no pueden ser aceptables para sectores de la comunidad.
Este llamado a lograr un acuerdo inclusivo y trascender las diferencias mediante el diálogo refleja la necesidad imperiosa de adoptar un enfoque que priorice el bienestar comunitario y la justicia. Al esforzarse por construir legislaciones que se alineen con los valores democráticos y los derechos humanos, República Dominicana puede avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde las leyes protejan y reflejen la diversidad y complejidad de sus ciudadanos.