Los destinos de la nación venezolana se deciden este domingo. Los ciudadanos enfrentan la decisión de renovar el mandato presidencial de Nicolás Maduro, cuyo gobierno de más de una década ha estado plagado de crisis, o permitir que la oposición tome el mando con promesas de rectificar las políticas gubernamentales que han precipitado un colapso económico y una masiva ola migratoria.
A pesar de las diferencias históricas, las facciones opositoras se han unificado detrás de un candidato único, desafiando al Partido Socialista Unido de Venezuela con la mayor oposición en varias décadas durante esta elección presidencial.
Confrontando directamente a Maduro se encuentra Edmundo González Urrutia, un antiguo diplomático y cara de la revitalizada oposición, junto a otros ocho contrincantes. Tanto los seguidores de González como los de Maduro protagonizaron extensas manifestaciones en Caracas, conmemorando el final de sus campañas previo al domingo electoral.
He aquí diversos motivos por los que el destino electoral de Venezuela posee una importancia internacional:
Influencia en la migración
Sea quien fuere el ganador, el impacto en los patrones migratorios es inminente.
Durante la última década, la inestabilidad en Venezuela ha forzado a más de 7,7 millones a dejar su hogar, representando éste el éxodo más significativo en la historia moderna de Latinoamérica según el ACNUR. Aunque la mayoría ha encontrado refugio en naciones latinoamericanas y caribeñas, un número creciente ha fijado su destino en los Estados Unidos.
Según una encuesta nacional de Delphos en abril, cerca del 25% de los venezolanos contemplaba la migración ante una reelección de Maduro. Un 47% consideraría permanecer si la oposición resultara victoriosa, mientras que un porcentaje similar indicó que la mejora económica podría convencerlos de quedarse en Venezuela. La encuesta presentó un margen de error de ±2 porcentuales.
Fuerte contendiente opositora ausente en las papeletas
El perfil más destacado de la contienda electoral, María Corina Machado, no aparece en las boletas. Esta exlegisladora y figura emblemática de la oposición del 2023, ha llenado el vacío dejado por una generación de líderes opositores exiliados, sus denuncias sobre la gestión gubernamental y la corrupción convocaron a millones a apoyarla en las primarias de la oposición de octubre.
El régimen de Maduro, declarando ilegales las primarias, ha perseguido a organizadores y simpatizantes de Machado, con múltiples arrestos y la inhabilitación de su candidatura confirmada por la máxima corte del país.
A pesar de estos obstáculos, Machado ha continuado su campaña a nivel nacional, simbolizando para muchos la lucha contra la usurpación de derechos y dignidades que han sufrido a lo largo de más de una década.
Mostrando su apoyo a Edmundo González Urrutia, Machado ha logrado fortalecer la unidad de una oposición previamente fraccionada. Ambos prometen reformas económicas que incentiven el retorno de los millones de venezolanos dispersos por el globo desde la llegada de Maduro al poder en 2013.
González, quien comenzó su carrera en la diplomacia como asesor en la embajada de Venezuela en Estados Unidos en los finales de los setenta, se desempeñó en Bélgica y Salvador, y fue el embajador venezolano en Argelia. Su último desempeño diplomático fue como embajador en Argentina bajo el gobierno de Hugo Chávez que inició en 1999.
Desafíos enfrentados por el presidente en ejercicio
La gestión de Maduro ha visto una decreciente popularidad, atribuida a una crisis económica instigada por la caída de precios del petróleo, corrupción y deficiente administración gubernamental.
Aunque sigue contando con el apoyo de un núcleo duro de seguidores chavistas, incluyendo a funcionarios públicos y empresarios dependientes del Estado, el partido ha visto mermada su habilidad de convertir los programas sociales en votos a medida que la crisis económica profundiza.
Maduro sucedió a Hugo Chávez, un carismático líder socialista que expandió el sistema de bienestar social en Venezuela mientras mantenía una relación conflictiva con Estados Unidos.
Designado por un Chávez enfermo de cáncer como presidente interino antes de su muerte, Maduro asumió formalmente el cargo en marzo de 2013, asegurando una ajustada victoria en las elecciones presidenciales del mes siguiente. Fue reelecto en 2018 en elecciones mayormente desacreditadas por la comunidad internacional, con la oposición llamando al boicot electoral ante la inhabilitación de sus principales figuras y partidos.
Las restricciones autoritarias del gobierno fueron fundamentales para las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos que han tenido un impacto devastador en la industria petrolera venezolana.
Gestión deficiente de la industria petrolera
A pesar de poseer las reservas de crudo más grandes del planeta, Venezuela ha visto su producción petrolera disminuir drásticamente, en gran parte debido a la corrupción y la mala administración por parte del gobierno y PDVSA, la petrolera estatal.
El gobierno venezolano capturó al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, por su presunta implicación en una red que parece haber desviado cientos de millones de dólares de ingresos petroleros. Este arresto coincide con la reinstauración de sanciones por parte de Estados Unidos hacia el sector energético venezolano, en respuesta a maniobras del gobierno y sus aliados para minar acuerdos que permitieran elecciones libres, incluyendo el impedimento a Machado de inscribirse en la contienda presidencial.
Condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las elecciones
Existía la posibilidad de elecciones más equitativas y transparentes el año pasado, cuando Maduro se mostró dispuesto a colaborar con la coalición Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos, para mejorar la calidad electoral. Una negociación le otorgó al gobierno venezolano un significativo alivio de las sanciones económicas impuestas por EE.UU. a la industria petrolera, gasífera y minera del país.
No obstante, poco después, el gobierno declaró ilegales las primarias opositoras, iniciando un ciclo de arrestos y represiones contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores. Un colectivo de expertos bajo el amparo de las Naciones Unidas ha detectado un aumento de las tácticas represivas pre-electorales, tales como detenciones arbitrarias, vigilancia, intimidaciones, y campañas de desprestigio contra adversarios políticos.
El control gubernamental sobre medios de comunicación y recursos estratégicos ha sido utilizado para restringir la visibilidad de la campaña Machado-González, llevando a la administración de Biden a reinstaurar sanciones que habían sido suspendidas en octubre de 2023.