Modificaciones acordadas en la Ley sobre la Dirección Nacional de Inteligencia
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) implica cambios en la Ley 1-24, que establece las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Estas modificaciones surgen tras críticas recibidas por diversos sectores de la sociedad que alegan que la legislación vulnera los derechos de los ciudadanos.
Además de discutir el tema, se ha llegado a consenso en la modificación de la normativa, tras intensas conversaciones realizadas en la sede del periódico Listín Diario, en la capital. Persio Maldonado, presidente de la SDD, expresó que este consenso permitirá corregir las ambigüedades presentes en la ley.
Opiniones varias han sido tomadas en cuenta para elaborar una nueva propuesta de cambio a la legislación, que responda a las preocupaciones planteadas por diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de que el texto sea más acorde con la Constitución y los derechos de los ciudadanos, fortaleciendo así el sistema democrático y contribuyendo a la seguridad nacional.
Respeto a los derechos fundamentales y reformas sugeridas
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó que el presidente Luis Abinader tiene como principio indiscutible el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, se ha impuesto la voluntad de estar abiertos a mejoras, en caso de que se sugieran, como ha ocurrido en estas reuniones y en el mencionado acuerdo.
Se propone que las acciones realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia requieran una orden judicial previa, detalle que se consideraba implícito pero que se considera necesario plasmar de manera específica. Estas y otras reformas serán presentadas ante el Congreso Nacional en los próximos días, con el objetivo de implementar las actualizaciones sugeridas a la Ley 1-24, previamente aprobada por el Poder Ejecutivo.
El tema del secreto de las fuentes periodísticas será aclarado en la reforma a la Ley, según lo indicado por Persio Maldonado. Particularmente importante para el ejercicio periodístico, el acuerdo subraya la necesidad de respetar la confidencialidad de las fuentes informativas, ofreciendo así una mayor protección a la labor periodística.