República Dominicana evidenció mejoras mínimas en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en el año 2023, a pesar de los esfuerzos por detener esta situación, según un reporte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos divulgado recientemente.
¿Cuál es la razón detrás de este panorama? A continuación, presentamos cinco puntos clave extraídos del informe:
1. El acceso limitado a la educación de una parte importante de niños sin documentación legal o residencia en el país ha incrementado la exposición de los menores al trabajo infantil.
Además, muchos niños de ascendencia extranjera enfrentan dificultades para recibir servicios sociales y participar en programas gubernamentales debido a la falta de documentación, especialmente aquellos de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana que carecen de registros legales.
2. En República Dominicana existen deficiencias significativas en la implementación de la legislación laboral, incluyendo la escasez de recursos humanos y financieros para las instituciones encargadas, así como la limitada autoridad de los inspectores de trabajo para imponer sanciones directas por violaciones a las leyes laborales.
3. Las restricciones legales en el país vinculadas al tráfico de menores son consideradas insuficientes, ya que actualmente se requiere la presencia de “amenazas, uso de la fuerza o coerción” para catalogar un delito, situación que se sugiere modificar en el informe.
4. Según el estudio, en República Dominicana los niños son explotados en las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la explotación sexual comercial, especialmente en zonas turísticas, y desempeñan labores peligrosas en sectores como la agricultura.
5. Asimismo, se destaca la presencia de trabajo forzoso en actividades como el servicio doméstico, la construcción, la venta ambulante, la mendicidad y la participación de menores en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas.
Para abordar el tema del trabajo infantil, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos recomienda ajustar las leyes relacionadas con la trata de menores para no requerir la presencia de amenazas, uso de fuerza o coerción como elementos del delito, penalizar el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y fortalecer los mecanismos de verificación de la edad de los trabajadores jóvenes para proteger a aquellos sin documentos de identidad, entre otras medidas.
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