Multado con un millón de dólares por discriminación contra inquilinos
Sancionado por discriminación en el alquiler de vivienda
Un dueño de un complejo residencial en Nueva York ha sido obligado a pagar una multa de un millón de dólares debido a prácticas discriminatorias en el arrendamiento de viviendas, incluyendo la negativa a alquilar a inquilinos que cuenten con vales de sección 8 y bajos ingresos.
Además de la sanción monetaria, se ha ordenado al propietario, que maneja un extenso complejo con más de 6 mil unidades habitacionales, reservar 850 de ellas para personas beneficiarias de vales de vivienda respaldados por el gobierno, incluyendo el programa federal Sección 8.
Las normativas estatales y locales en Nueva York prohíben expresamente a los propietarios rechazar potenciales inquilinos por recibir asistencia gubernamental para el pago del alquiler, conocido comúnmente como discriminación por fuente de ingresos.
Acuerdo tras investigación de discriminación en vivienda
El complejo residencial Parkchester, situado en El Bronx, ha sido objeto de investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York y la organización no lucrativa Fair Housing Justice Center, quienes descubrieron prácticas discriminatorias que impedían que inquilinos con vales de vivienda pudieran acceder a más de 6,000 apartamentos dentro de su desarrollo.
Como parte de un acuerdo alcanzado, Parkchester también deberá compensar económicamente a los solicitantes que fueron rechazados para alquilar una vivienda, así como realizar pagos a organizaciones defensoras de la justicia de vivienda.
Adicionalmente, se acordó eliminar los requisitos de ingresos mínimos para las personas que poseen vales de vivienda, buscando así promover una mayor igualdad de acceso a la vivienda.
Repercusiones y declaración oficial
El alcalde Eric Adams celebró el acuerdo como una victoria para los ciudadanos de Nueva York que buscan viviendas seguras y estables. Además, resaltó que este caso sirve como advertencia para aquellos que intenten perjudicar a los inquilinos a través de prácticas discriminatorias.
La organización Fair Housing Justice Center, dedicada a combatir la discriminación en la vivienda y promover comunidades inclusivas, ha sido clave en la resolución de este caso.