En una reciente convocatoria realizada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la profesora especialista en derecho penal, Patricia Santana, destacó que la nueva propuesta del Código Penal en discusión en el Congreso no debe permitir la exención de penalidad ni para el Estado ni para los ayuntamientos.
“Hemos observado que en las discusiones alrededor de este proyecto legislativo la atención se ha centrado en la inmunidad de las instituciones religiosas, sin embargo, es sumamente alarmante que se proponga una legislación que descarte la imputabilidad penal del Estado y los municipios”, manifestó Santana durante su intervención en el foro “Desafíos del Código Penal: Derechos ciudadanos y constitucionalidad en la República Dominicana”.
Santana enfatizó que absolver a estas entidades de sus responsabilidades penales contradice acuerdos internacionales y minimiza las consecuencias legales ante eventos catastróficos que podrían ocasionarse por neglicencia en materias como el urbanismo, que podrían derivar en acusaciones de homicidio involuntario.
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La sesión contó con la participación de destacados abogados, académicos, estudiantes y otros profesionales.
Por su parte, el abogado Trajano Potentini, otro de los ponentes, remarcó que el Código Penal abarca aspectos más allá de las meras causales de delito, resaltando la necesidad de incluir conceptos como la no prescripción de la corrupción, la complicidad intelectual en crímenes de sicariato y la protección de la libertad de expresión en lo que refiere a delitos de opinión.
Melina Zaiz, adicionó la importancia de salvaguardar la dignidad de las mujeres y niñas en la nueva normativa penal, defendiendo la integración de las causales de interrupción del embarazo como un derecho constitucional.
Alexis Joaquín Castillo argumentó que el documento legal bajo revisión en el Congreso amerita un examen detenido dado que contiene varios puntos que podrían contraponerse a la Carta Magna.
Finalmente, John Garrido resaltó defectos dentro del proyecto de ley, incluyendo la posibilidad de que una persona sea juzgada dos veces por el mismo crimen, una directa violación a la Constitución, y la aplicación de castigos físicos a menores, lo cual infringe los tratados internacionales de protección infantil.
Adicional a los puntos ya mencionados, se destaca la creciente necesidad de realizar un escrutinio profundo de los proyectos de ley como el Código Penal, para asegurar que estos estén alineados con los derechos fundamentales y no constituyan retrocesos en materia de garantías y libertades individuales. Esta revisión meticulosa es indispensable para mantener un balance entre la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos.
En este sentido, el análisis profundo del proyecto es clave para evitar que disposiciones que limiten de manera inadvertida o explícita la libertad de expresión o que aborden de manera inadecuada temas sensibles como el aborto y la aplicación de castigos, sean incorporadas sin la debida consideración de sus implicaciones a largo plazo tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto.