El Código Penal en vigencia en la República Dominicana, que data de hace 140 años, fue instaurado a través del Decreto-Ley No. 2274 el 20 de agosto de 1884, en la época de Ulises Heureaux (Lilís) y su primer mandato.
El establecimiento de este código fue un hito importante dado que la República Dominicana tenía apenas 40 años de independencia y sustituyó el anterior Código Penal y de Procedimiento Militar de 1845, marcando un avance significativo en su legislación.
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Modificaciones y Actualizaciones a lo Largo de los Años
A lo largo de los años, este cuerpo legal ha sido objeto de numerosas reformas que demuestran la evolución de la sociedad dominicana. Por mencionar algunos ejemplos, la abolición de la pena capital se concretó con la aprobación de la Ley No. 64 el 19 de noviembre de 1924, optando en su lugar por condenas de hasta 30 años de labor comunitaria. Posteriormente, la Ley No. 24-97, fecha 27 de enero de 1997, implementó modificaciones importantes, afectando tanto al Código Penal como al Código de Protección de la Infancia.
A medida que nos acercábamos al cambio de milenio, y con un Código que mostraba signos de antigüedad y adaptaciones múltiples, surgió el clamor por una revisión completa. Sin embargo, a pesar de diferentes intentos, todos los proyectos de reforma presentados hasta la fecha han adolecido de serios problemas, desde errores conceptuales hasta debilidades estructurales, fallos no resueltos pese al esfuerzo invertido por varias comisiones. Esto plantea la pregunta: ¿por qué no involucrar a especialistas con conocimiento profundo en la materia? El país necesita un código moderno y funcional, libre de complicaciones innecesarias.
Adicionalmente, cabe destacar cómo la sociedad dominicana ha sido un factor clave en la necesidad de actualizar constantemente su Código Penal. Esto se ve reflejado en el debate público y las diversas opiniones en torno a cómo deberían penalizarse ciertos actos, lo que sugiere una dinámica social activa en el proceso de legislar y ajustar las normas que rigen el derecho penal en el país.
Este dinamismo, sin embargo, ha convertido el proceso de modificación del Código en uno complicado, no solo por la necesidad de mantenerse al día con las exigencias sociales, sino también por las implicaciones políticas de cada cambio propuesto. En este escenario, la inclusión de voces experimentadas dentro del ámbito penal podría representar una solución a la interminable lista de desafíos que ha presentado la reforma del Código Penal dominicano hasta la fecha.