Reporte de familia resulta en pedido de investigación al ministerio público
Una familia residente en el municipio de Cabral, en Barahona, solicitó recientemente la intervención de la procuradora Miriam Germán Brito. El motivo de esta solicitud es llevar a cabo una investigación sobre la fiscal Aura Deyanira Fernández Curi, a quien acusan de cometer diversos delitos como violación de propiedad, extorsión, abuso de autoridad, y otras actividades que van en contra de la ley.
Además, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la entidad correspondiente, los hermanos Walkiris Tania Melo Acosta, Kimberly Julia Melo Collado, Enzo Melo Collado, Juan Francisco Melo Figuereo y Alessio Melo Collado expresaron su preocupación. Aseguraron que la procuradora adjunta ha estado utilizando su posición de poder de manera indebida con el fin de apoderarse de una finca de 120 tareas que pertenece a su abuela, la señora Julia Feliz Feliz.
Por otro lado, el abogado Jorge Lora Castillo detalló que la fiscal mantenía vínculos matrimoniales con el fallecido padre de los denunciantes, quien era el encargado de cuidar la propiedad en cuestión. Tras el fallecimiento de este último, la funcionaria tomó acciones consideradas abusivas y deshonestas al retirar las cámaras de vigilancia que aseguraban la seguridad de la finca, la cual sigue siendo propiedad de la señora Feliz Feliz, que aún reside allí.
Para empeorar la situación, junto a un grupo de individuos bajo su dirección, la fiscal procedió a sustraer más de 700 cargas de plátanos de la finca, valuadas en alrededor de RD$1,890,000, entre los días 11 y 14 de agosto en curso, pagando únicamente RD$2,700 por carga, según lo explicado por el abogado.
Además, se informó que la fiscal ha prohibido el acceso a la finca a los denunciantes, llegando incluso a amenazar a uno de ellos con acciones legales por proteger el legado de su padre. Se mencionó también que la madre del difunto esposo de la fiscal se encuentra retenida en la casa de esta última, en contra de la voluntad de sus familiares directos, siendo la abuela de los denunciantes y la legítima propietaria de la finca afectada.
Estos hechos han creado una situación donde la fiscal busca controlar tanto el patrimonio a nombre de Julia Féliz como el que permanece bajo su propia titularidad, según lo expresado por los implicados.