Propuesta de modificación constitucional
Se realizó la presentación ante el Senado del proyecto de reforma constitucional por parte del Poder Ejecutivo, incluyendo la modificación de 10 artículos esenciales. Estos cambios buscan evitar futuras modificaciones que permitan la repostulación presidencial, establecer un periodo de dos años e inamovilidad para el procurador general de la República, unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, además de reducir de 190 a 137 los diputados en la legislatura.
Se propone que el Procurador General sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura y pueda ser reelecto en su función. Estas disposiciones implican cambios significativos en la selección y permanencia de esta figura clave en el sistema jurídico.
Garantía de estabilidad constitucional
El presidente del Senado ha recibido la propuesta de modificación de diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274. Estos ajustes buscan fortalecer la institucionalidad y garantizar un marco legal sólido para el país.
Las reformas constitucionales excluyen ciertas reglas de elección presidencial y establecen limitaciones para evitar cambios que busquen beneficiar a funcionarios en ejercicio.
Independencia del Ministerio Público
Se destaca la autonomía del Ministerio Público, aunque se establece la posibilidad de destitución del Procurador por juicio político en caso de incumplimiento de sus funciones. La propuesta también incluye la designación del Procurador General al inicio de cada mandato presidencial.
Esta medida busca garantizar la independencia de la Fiscalía y el correcto ejercicio de sus funciones en el sistema judicial.
Calendarización electoral
Otro aspecto relevante de la propuesta es la unificación de todas las elecciones en un mismo periodo, programadas para el tercer domingo de mayo cada cuatro años. Esta sincronización incluye la toma de posesión de las autoridades el 16 de agosto siguiente. La unificación electoral entraría en vigor a partir de las elecciones de 2032, con el objetivo de optimizar el proceso electoral y la gestión gubernamental.
La reforma también busca establecer un número reducido de diputados, disminuyendo de forma significativa la cantidad actual para mejorar la eficiencia legislativa en el país. Se planea una reestructuración en la representación diputacional para reflejar de manera más efectiva la diversidad territorial y social del país.