En la capital dominicana, Eduardo Hidalgo, líder de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ha expresado su preocupación por lo que considera una amenaza a las libertades fundamentales de los dominicanos, derivada de la prohibición de protestas propuesta en el nuevo Código Penal actualmente bajo discusión en el Congreso Nacional.
“Resulta escandaloso que se busque sancionar a las personas por ejercitar su derecho de protesta garantizado por la Constitución”, señaló Hidalgo en medio de debates fervientes concernientes a la aprobación de dicho código.
Asimismo, el representante de los docentes detalló cómo los artículos 332 y 333 del propuesto Código castigarían comportamientos que son considerados ejercicios legítimos de la libre expresión y el protesto pacífico por parte de sindicatos y grupos, lo que representaría una infracción a droits reconocidos por la Constitución del país.
El proyecto también estipula, en su artículo 333, castigos más rigurosos, oscilando entre cuatro y diez años de cárcel, para aquellos que convoquen o formen parte de movilizaciones o actos de disidencia contra las figuras de autoridad.
Hidalgo ha expresado una profunda inquietud, argumentando que “estas medidas podrían significar un desvío preocupante de los valores democráticos, socavando los derechos civiles y humanos y terminando por contradecir los cimientos de un país democrático donde las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión funcionan como canales fundamentales para el diálogo social”.
“Es tarea del Congreso Nacional abordar estas críticas de manera responsable y atenta, emergidas desde diversos frentes de la sociedad. Es vital que cualquier nueva ley fortalezca el orden público sin obviar la protección de las libertades consagradas en la Constitución de la República Dominicana”, recalcó el dirigente de la ADP.
Al dirigirse a la eventual ratificación del Código Penal, Hidalgo hizo un llamado a los legisladores a reflexionar rigurosamente sobre el efecto de estas reformas en el contexto de los derechos inalienables establecidos en la constitución del país.
La posibilidad de que estas normativas entren en vigor ha generado una oleada de inquietud entre los ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad, quienes ven en estas modificaciones un claro retroceso en materia de libertades democráticas y un atentado contra la práctica de la democracia representativa.
Este código, que busca tipificar actos de protesta como delitos, ignora la importancia de mantener un espacio público abierto para el debate y la expresión de disconformidades, lo cual es vital para el saludable desarrollo de cualquier democracia.
La especificación de sanciones en los artículos mencionados ha generado un amplio debate sobre la proporcionalidad de las penas y su efecto disuasorio sobre la expresión de opiniones críticas hacia las políticas gubernamentales o la gestión de las autoridades.
El panorama que se pinta con la posible aprobación de tales penas podría derivar en un estado de autocensura, donde el miedo a represalias legales invalide el ejercicio efectivo de derechos y libertades que son pilares de la democracia.
La propuesta legislativa ha sido percibida por muchos como una medida que, lejos de mejorar el marco legal existente en cuanto a seguridad y orden público, se enfoca más en coartar la libertad de manifestación, elemento vital para la articulación de las demandas sociales y el escrutinio público.
La insistencia de Hidalgo en un diálogo inclusivo y respetuoso del marco constitucional refleja una comprensión profunda de la importancia de balancear la seguridad con los derechos civiles, en una era donde la participación ciudadana activa es más necesaria que nunca.
Ante la posibilidad de aprobación de este Código Penal, es imperativo que los legisladores ponderen profundamente la trascendencia de mantener un equilibrio justo entre la ley y la libertad, garantizando así que los futuros marcos legislativos reflejen los valores democráticos de la nación.