Horas antes de que el mandatario Luis Abinader solicitara a la procuradora general, Miriam Germán Brito, extender su periodo en funciones hasta después de la aprobación de la reforma constitucional, esta última envió un mensaje al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. En su misiva, expresó su descontento debido a que su departamento no había sido consultado acerca de la mencionada reforma.
Existe una carta fechada el 12 de agosto donde la magistrada Germán señaló claramente:
“Se ha omitido involucrar a esta Procuraduría General de la República en el debate sobre la enmienda constitucional relacionada con los procedimientos y requisitos para nombrar al Procurador General de la República, así como respecto al Consejo Superior del Ministerio Público. Por esto, quiero hacer constar que no he ofrecido ninguna opinión al respecto, ni de manera individual ni en mi rol de Procuradora General.”
Después de que se divulgara y se comentara en los medios el contenido de esta comunicación, Germán publicó un comunicado donde explicó que no es imperativo que el Poder Ejecutivo incluya a la Procuraduría General en las consultas sobre esta reforma constitucional, especialmente porque el proyecto ya es de dominio público.
Subrayó que su intención al remitir la nota a Peralta fue únicamente precisar ese punto y comunicó que no se siente menospreciada por no ser incluida en las deliberaciones sobre los cambios necesarios en la Constitución para el nombramiento del jefe del Ministerio Público y su consejo.
La Procuradora reafirmó su disposición a contribuir con el Gobierno en lo que considere oportuno.
Implicaciones de la No Consulta en la Reforma Constitucional
La falta de consulta a entidades clave durante el proceso de reformas constitucionales no solo levanta cuestionamientos sobre la transparencia y la inclusividad del proceso, sino que también podría afectar la aplicabilidad y aceptación de los cambios propuestos. Involucrar a diversos sectores, incluidas figuras como la Procuradora General, aseguraría una mayor comprensión y respaldo de los ajustes constitucionales, facilitando su implementación efectiva.