El comienzo del extenso declive de un sistema

En el periodo distinguido por el destacable lanzamiento del periódico Hoy en la República Dominicana, nuestra nación enfrentaba una época de escasos ingresos, estando sumergida en una economía altamente susceptible a las fluctuaciones internacionales. Este sistema económico se caracterizaba por una mínima diversificación exportadora, limitándose principalmente a la venta de commodities sin procesar, defendía el mercado local mediante altos aranceles que podían escalar hasta un 200%, se sostenía mediante una frágil base tributaria que exacerbaba la volatilidad cambiaria, dando pie a la creación de dos mercados cambiarios desfavorecidos (uno oficial y otro paralelo), acompañado de regulaciones en las tasas de interés que propiciaron un sector financiero desregulado y un desinterés por parte de la inversión foránea.

La era marcada por el agotamiento de un paradigma económico específico, el de la sustitución de importaciones, con el paso del tiempo evidenció un incremento en los desbalances macroeconómicos y una disminución en el ritmo de crecimiento, lo que señalaba los primeros indicios de una crisis sistémica.

Reflejando la inestabilidad económica, el índice de inflación experimentó un notable ascenso, partiendo de un 7.54% en 1981, escalaría a 20% en 1984, alcanzando el 45.3% en 1985. Posteriormente, descendería a 13.5% en 1987, solo para dispararse nuevamente hasta 43.4% en 1988, 40.7% en 1989, tocar un pico de 50.5% en 1990, y situarse en 47.1% en 1991; en paralelo, el Producto Interno Bruto (PIB), que se había expandido casi un 6% en 1980, se estancó a un crecimiento de solo el 3% en 1981. Así se daba inicio a lo que se llamaría la “década perdida” de los años 80, donde el promedio de crecimiento económico dominicano apenas sobrepasó el 2.4%.

Luego de un extenso periodo de espiral inflacionaria y crecimiento económico estancado, las reformas estructurales de 1992, enfocadas principalmente en la reestructuración tributaria y arancelaria, marcaron el comienzo de una era de estabilidad y notable expansión económica, situación que sólo fue interrumpida por una crisis bancaria. Dicha crisis disparó la inflación a 27.15% en 2003 y a un escalofriante 51.5% en 2004.

Una contribución significativa a esta crisis fue la postergación en la promulgación del nuevo marco monetario y financiero. Aunque ciertas reformas se implementaron a través de resoluciones de la Junta Monetaria, no fue sino hasta 2002 que finalmente estas pautas se formalizaron a través de una legislación adecuada, tras un arduo proceso negociador.

Para apreciar la dimensión de la economía dominicana en 1981, algunas cifras resultan reveladoras: el PIB a precios corrientes se estimaba en apenas US$5,907.3 millones y el PIB per cápita no superaba los US$ 1.065.2; los ingresos por concepto de turismo se limitaban a US$206 millones; las exportaciones dentro de las zonas francas apenas alcanzaban los US$128.2 millones; y a pesar de que en ese año las exportaciones nacionales alcanzaron cifras récord no vistas en largo tiempo, fueron de solo US$1,188 millones. Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) fue mínima, no logrando superar los US$ 79 millones, reflejando el escaso apetito inversor en el país, situación que llegó al extremo de registrar un saldo negativo de US$1.4 millones en 1982.

A esto se sumaba un desalentador panorama fiscal, donde la carga tributaria había caído a un 10% del PIB, un declive significativo desde el 17% reportado en 1975. Este panorama fiscal se agravaba dado que más del 37% de los ingresos fiscales provenían de impuestos al comercio exterior. La frágil situación fiscal obligó, tras años de equilibrio presupuestario desde finales de los años 60 y gran parte de los 70, a financiar la creciente brecha fiscal a través de los perjudiciales avances y reembolsos anticipados.

Como bien señaló en su momento el entonces gobernador del Banco Central, licenciado Carlos Despradel, el sector externo de nuestra economía estaba llegando rápidamente a su límite para seguir absorbiendo la creciente presión sin generar riesgos de desestabilización económica generalizada.

En 1981, el Banco Central tuvo que enfrentar el desafío de aumentar los retrasos en el suministro de divisas para el pago de cartas de crédito y cobranzas en más de 150 millones de dólares. Durante dos meses, se suspendieron los servicios bancarios para la apertura de nuevas cartas de crédito, dañando profundamente la reputación crediticia de la nación ante los mercados financieros internacionales.

A pesar de los esfuerzos significativos por parte de las autoridades para contener el gasto público, reducir el déficit fiscal, limitar las importaciones y mitigar el incremento del costo de vida, de la cantidad de dinero en circulación y de la deuda externa, los desequilibrios y el crecimiento económico limitado perduraron y se profundizaron por no haberse enfrentado de manera oportuna la necesidad de un cambio de modelo económico. Este cambio, que acabó siendo inevitable, no se realizó hasta más de una década después, con la implementación de las reformas estructurales a partir de 1992.

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