Defensa de la política migratoria en República Dominicana
En la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, República Dominicana reafirmó su postura firme en contra de la petición realizada por Haití y diversas instituciones internacionales. El gobierno dominicano resaltó su desacuerdo con la propuesta de detener las repatriaciones de ciudadanos haitianos que ingresaron de manera ilegal al territorio.
Además, el Canciller dominicano, Roberto Álvarez, destacó que reducir los operativos de deportación sería un catalizador para un aumento en la migración irregular, lo cual no pueden permitir bajo ninguna circunstancia.
Repasando los números, en la actualidad en República Dominicana se encuentran registrados 147 mil estudiantes haitianos en etapas educativas fundamentales. Esto refleja el compromiso y esfuerzo destinado por el país hacia la comunidad haitiana. Sin embargo, Álvarez hizo hincapié en que la responsabilidad primordial de abordar la crisis actual en Haití recae en el gobierno de ese país.
Críticas a la intervención internacional en la crisis haitiana
El Canciller también señaló que la falta de apoyo continuado por parte de la comunidad internacional ha agudizado la complejidad de la situación en Haití. En este sentido, hizo eco de las declaraciones del Presidente Luis Abinader durante su intervención en la ONU meses atrás, expresando su descontento por la falta de cumplimiento de las promesas de ayuda hacia Haití.
En medio de un escenario donde persisten dificultades como la inestabilidad política, la ausencia de control territorial y la demora en aspectos electorales, el Canciller consideró poco factible la celebración de elecciones en las fechas previstas dados los obstáculos existentes en Haití.
Controversia en torno a la política migratoria dominicana
En las últimas semanas, República Dominicana ha intensificado las repatriaciones de migrantes irregulares, con el objetivo de retornar alrededor de 10 mil haitianos semanalmente a su lugar de origen. Estas medidas han generado críticas no solo desde el gobierno haitiano, sino también desde organizaciones como Amnistía Internacional, quienes han cuestionado la naturaleza discriminatoria y racista de estas acciones, argumentando que vulneran los derechos fundamentales de la población haitiana.