Cambios presupuestarios y su impacto fiscal
Suspendida la iniciativa de reforma tributaria conocida como “modernización”, es necesario abordar la reestructuración fiscal a través de la gestión del gasto público.
La cantidad de RD$122MM estimada por el Gobierno mediante las medidas propuestas en la reforma de “modernización” equivale al 9% de los gastos corrientes consolidados previstos en el presupuesto 2025, cifrado en RD$ 1.329 MM.
De lo contrario, sería preciso reducir la inversión en activos que contribuyen al desarrollo nacional, ya de por sí limitada en un 88% respecto a las proyecciones para 2024.
Además, disminuir el gasto brindaría al Gobierno la credibilidad necesaria para sugerir nuevas medidas impositivas, careciendo de esta al enfrentar gastos superfluos y sin prioridad.
Alternativas a considerar
La reducción de los gastos en el presupuesto 2025, en la misma proporción que las imposiciones retiradas, lograría un impacto fiscal similar.
Para ello, se cuenta con los marcos legales correspondientes. Según el Artículo 44 de la ley orgánica de presupuesto, las asignaciones aprobadas por el Congreso representan el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad real de los ingresos estimados.
En este sentido, la Onapres tiene la facultad de solicitar a los órganos públicos preparar un presupuesto ajustado en un 9% en cuanto a los gastos operativos. Esta medida permitiría a las entidades recortar su presupuesto de gasto corriente siguiendo una de las 15 opciones posibles.
Posibles medidas de ajuste
Entre las acciones a considerar se encuentran la congelación de puestos y salarios, reducción de jornada laboral acompañada de disminución salarial, reformulación de solicitudes de subsidios, entre otras. Estas decisiones deben ser evaluadas y aplicadas en un plazo no superior a tres meses.
Es crucial también exigir transparencia en las finanzas públicas, mejorando la divulgación de información sobre compras gubernamentales y eliminando las asignaciones a partidos políticos.
El Gobierno puede explorar alternativas no tributarias para financiar los déficits, como la reestructuración de las empresas eléctricas y la creación de un plan eficiente para reducir los fondos transferidos desde el poder ejecutivo.
Asimismo, se recomienda enviar el nuevo planteamiento de “modernización tributaria” al Consejo Económico y Social, siguiendo las pautas pertinentes en el momento oportuno.