Impuestos sobre alimentación, impuesto a la producción e impacto de evasión acaparan atención pública

Implicaciones de los impuestos en la alimentación

Uno de los temas más discutidos durante las reuniones públicas sobre el Proyecto de Modernización Fiscal fue la propuesta de no gravar los alimentos básicos, ajustar los impuestos según la capacidad económica, reducir o eliminar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y, principalmente, combatir la evasión fiscal para obtener los recursos necesarios.

Estas opiniones y otras fueron presentadas en las audiencias públicas organizadas por la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Hacienda, con la participación de más de 150 organizaciones, instituciones y ciudadanos.

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Impacto en el sector agropecuario

Según Osmar Benitez, director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con una membresía de más de 180 mil personas, es fundamental no gravar los alimentos consumidos por la población. Además, se mostró dispuesto a explorar otras fuentes de ingresos con el Gobierno para satisfacer las necesidades estatales, incluyendo al sector agropecuario.

Por otro lado, Eduardo Cabrera, presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria (Copenagro), rechazó la idea de que el sector pague anticipos e Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), ya que esto encarecería los productos esenciales para la población dominicana. Subrayó la importancia de proteger al sector agropecuario para competir en un mercado que quedará abierto en 2025 con el Tratado de Libre Comercio.

Perspectiva de los comerciantes

Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios (Conacerd), advirtió sobre las graves consecuencias que tendría gravar los alimentos no alcohólicos para la sociedad y el sector comercial. Explicó que el 23.2% del consumo nacional corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas, por lo que cualquier aumento en los impuestos a productos básicos impactaría negativamente las ventas.

Una propuesta planteada fue la inclusión del monotributo en la reforma, considerando que el 85% de las micro y pequeñas empresas operan en la informalidad.

Efectos en bebidas y licores

Manuel Cabral, representante de la Asociación de Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados (Rivlas), señaló que un mayor gravamen podría resultar en la reducción de empleos directos e indirectos, afectando la sostenibilidad de la cadena productiva. Además, advirtió que esto podría conducir a una disminución en la recaudación de impuestos para el Gobierno y favorecer el comercio ilegal en el país, como ocurrió con la reforma fiscal de 2012.

Preveía un impacto negativo y una subida significativa del comercio ilícito en el país, similar a lo sucedido tras la reforma fiscal de 2012, a pesar de las advertencias del sector.

Postura de los líderes políticos

La opinion del Pastor Carlos Peña del Partido Regeneración de Servidores, abogaba por retirar el proyecto del Congreso Nacional para debatirlo en el Consejo Económico y Social (CES). Consideraba que no era necesaria la reforma fiscal debido a los miles de millones de dólares prestados por el Gobierno de los cuales se desconoce su destino.

Por otro lado, Virginia Antares, del Partido Opción Democrática (OD), afirmaba que la aprobación del proyecto tal como estaba planteado agravaría la desigualdad, la desnutrición, el déficit habitacional y la pobreza en general en República Dominicana.

Impacto en los constructores de viviendas

Aneury Meléndez, desde la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), advertía sobre las consecuencias negativas que el proyecto de ley podría tener en el sector de la vivienda. Manifestó que los precios podrían ser inaccesibles para la población y que la implementación del IPI dejaría a una gran cantidad de dominicanos sin posibilidad de acceder a su primera vivienda. Sostuvo que la eliminación de la tasa diferenciada del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los fideicomisos de vivienda resultaría en un aumento del precio cercano al 12.5%.

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Organizaciones barriales y comunitarias también expresaron su preocupación y abogaron por el diálogo como solución.

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