Desafíos que enfrenta el procurador luego de la aprobación de la reforma en la constitución

Desafíos del procurador tras la reforma en la constitución

Tras la aprobación de las modificaciones a varios artículos de la propuesta del Ejecutivo sobre la reforma constitucional, incluyendo el artículo 278, surgen nuevos desafíos para el procurador general de la República designado al inicio del mandato presidencial, así como para los procuradores adjuntos según la legislación vigente.

Julio Cury, reconocido jurista, analizó la situación planteada y se cuestionó sobre la idoneidad de que el procurador general pase de un régimen de nombramiento y remoción libre a uno de elección y permanencia inamovible. Estos cambios generan incertidumbre respecto al funcionamiento del sistema de justicia en el país.

En ese sentido, Cury destacó la importancia de la confianza del presidente en el procurador general, señalando que el cambio en el proceso de designación y especialmente en la remoción del cargo podría tener consecuencias significativas en la independencia de la Procuraduría.

Además de la reforma en el artículo 171, se estableció un plazo de 100 días para que el presidente proponga al Consejo Nacional de la Magistratura al procurador general y a los procuradores adjuntos, de acuerdo a lo establecido en la ley vigente.

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Otra modificación relevante es la que otorga al Consejo Nacional de la Magistratura la función de designar al procurador general de la República y a los procuradores adjuntos, ampliando sus responsabilidades en la selección de altos funcionarios judiciales.

Entre las propuestas del Ejecutivo destaca la posibilidad de destitución del procurador general solo mediante un juicio político en caso de cometer faltas graves, lo que representa un cambio sustancial en el proceso de remoción de este cargo.

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La Asamblea Nacional también aprobó modificaciones en otros artículos de la Constitución, marcando un nuevo rumbo en la organización y funcionamiento del Estado, con implicaciones claras en el sistema de justicia y en el ejercicio del poder ejecutivo y legislativo.

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