Exdirectivo de empresa tecnológica en arresto domiciliario por irregularidades
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien ocupó el cargo de director de Tecnología en la Comunicación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ha sido puesto bajo arresto domiciliario y se le ha prohibido salir del país como medida coercitiva.
La decisión fue tomada por la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional durante una audiencia realizada este jueves en relación con la operación denominada Camaleón. Baquero Sepúlveda enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas violaciones a distintas normativas, entre ellas la proscrición de la corrupción según el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana.
Además, se le imputan cargos por varios delitos, como coalición de funcionarios, falsedad en ejercicio de funciones, desfalco, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado, entre otros.
Penalización para otros implicados en operación judicial
Por otro lado, Hugo Beras, exdirector del Intrant, José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi) propietario de la empresa Aurix S.A.S, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, han sido enviados a la penitenciaría de Najayo con una condena de 18 meses.
Estos implicados en la Operación Camaleón han sido acusados por diversas conductas delictivas, incluyendo corrupción, desfalco, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado, entre otros delitos contemplados en la legislación dominicana.
Violaciones a múltiples leyes vigentes
Los acusados en esta operación enfrentan cargos que abarcan un amplio espectro legal, desde delitos contra la corrupción hasta el contrabando, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, todo en detrimento del Estado dominicano. Las acusaciones también incluyen crímenes y delitos contra la nación, así como otros actos delictivos conforme a la legislación vigente.
La complejidad y gravedad de las acusaciones demuestran la magnitud de las presuntas irregularidades cometidas por estos exfuncionarios y empresarios en el marco de sus actividades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.