Defensa presentada por “Jochi” Gómez en la operación Camaleón
Uno de los principales involucrados en la llamada operación Camaleón, José Ángel Gómez Canaán, expuso su argumentación este miércoles durante la audiencia de solicitud de medida de coerción, llevada a cabo a puerta cerrada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En relación a los contratos presuntamente fraudulentos que habría firmado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para el sistema semafórico de Santo Domingo, que superaron los 1,300 millones de pesos, se mencionan como beneficiarias a sus empresas Aurix S. A. S, Transcore Latam S. R. X. y Dekolor S. R. L.
La fiscal Mirna Ortiz comunicó la posibilidad de añadir nuevos implicados a la lista de los siete señalados originalmente, así como a las empresas previamente mencionadas, según reveló la periodista Llennis Jiménez del periódico Hoy.
La jueza Fátima Veloz informó sobre el inicio de la audiencia de medida de coerción pasadas las 2:00 de la tarde, en la que también está involucrado Hugo Beras, exdirector del Intrant, señalado como “coautor” en la supuesta trama contra las arcas públicas.
La abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de Samuel Baquero Sepúlveda, enfatizó que las investigaciones contra su cliente se iniciaron en el 2023, sin especificar la fecha exacta. Además, mencionó que en diciembre de dicho año, Baquero Sepúlveda, de origen español, fue interrogado por el Ministerio Público.
Asimismo, aclaró que no se acusa a su cliente de lavado de activos ni de terrorismo, solicitando que el caso sea considerado complejo para demostrar la inocencia del imputado.
Las acusaciones
Los investigados en la operación Camaleón enfrentan cargos relacionados con la corrupción, coalición de funcionarios, uso de documento privado, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, actos de terrorismo, contrabando, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, terrorismo y control de armas. Todas estas acciones perjudicarían al Estado dominicano.
Además, se pudo conocer que durante la audiencia se presentaron pruebas contundentes que respaldan la defensa de Gómez, demostrando un enfoque claro y estratégico en su argumentación.