Militarización de la política migratoria y deportaciones
El nombramiento en la Dirección General de Migración del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, un oficial destacado de la Marina, y la expulsión en masa de personas sin documentos anunciada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, representan la elección del presidente Luis Abinader de entregar a las Fuerzas Armadas el control total de la problemática fronteriza y convertir en militar la estrategia migratoria.
Desde hace tiempo no se designaba un militar de alto rango en la poderosa DGM. Aunque se requeriría investigar en los archivos para obtener esta información, es evidente que los civiles previamente asignados a ese cargo han fracasado debido a la naturaleza de seguridad nacional, defensa y de política exterior que caracteriza la inmigración de República Dominicana al compartir una isla con otro Estado.
Extra: Esta nueva decisión provoca un cambio sustancial en la política migratoria dominicana.
Eliminar del país hasta 10,000 haitianos y otros individuos sin autorización cada semana, es decir, aproximadamente 40,000 al mes y medio millón al año, implica serias implicaciones a nivel internacional, consideraciones sobre los derechos humanos y la implementación de una logística que solo las Fuerzas Armadas pueden ejecutar meticulosa y disciplinadamente bajo la dirección de su líder supremo.
Se trata de un plan nacionalista ambicioso y sin precedentes en la historia reciente, el cual requiere integridad y eficacia y busca reducir la población excesiva de inmigrantes haitianos que viven en condiciones precarias por todo el país, afectando el bienestar de la población dominicana y también de aquellos extranjeros inmigrantes que residen legalmente en nuestro país.
“El Gobierno reitera su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los retos migratorios con una política que combine la seguridad y el respeto a los derechos humanos, en colaboración con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional”, expresó el portavoz del Gobierno, Homero Figueroa, al anunciar la operación en presencia del presidente y la cúpula militar en el Palacio Nacional.
¿Cuáles son los desafíos que plantea la expulsión masiva? Los posibles deportados representan un desafío en cuanto a detenerlos, trasladarlos y dejarlos al otro lado de la frontera, quedando a merced de la débil autoridad haitiana que probablemente no facilitará su permanencia en el país debido a la inestabilidad interna y a la relevancia de las remesas en su economía, además de la presión internacional que incrementa las tensiones entre Haití y la República Dominicana.
En resumen, el gobierno dominicano tiene el pleno derecho de ejercer su soberanía deportando a personas sin documentos; militarizar la política migratoria es una medida prioritaria en términos de seguridad y defensa que protege los intereses nacionales.
Extra: Es fundamental encontrar un equilibrio entre seguridad fronteriza y respeto a los derechos humanos en este proceso.