Cómo el incumplimiento del gobierno afectó un contrato sin cumplir
El Estado no completó el pago estipulado en el contrato firmado entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam SRL, resultando en la suspensión del mismo, según información proporcionada por una fuente confiable que desmintió la cancelación total del monto especificado en dicho acuerdo.
Se detalló que el contrato se encontraba efectivamente suspendido, siendo realizado únicamente un pago inicial del 20%. Además, se señaló que el Estado permanecía vigilante y en espera de la devolución de una serie de equipos por parte de la mencionada empresa.
Análisis del caso Camaleón
En relación al caso Camaleón, se acusa a varios individuos, entre ellos, a Hugo Beras, exdirector del INTRANT; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras en el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas.
Este grupo es señalado como parte de una red dedicada a actividades ilícitas como desfalcos, estafas al Estado, falsificaciones, corrupción de funcionarios, contrabando, operaciones ilícitas, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y usurpación de identidades.
Los representantes del Ministerio Público han revelado poseer pruebas que implican un contrato fraudulento para la modernización de semáforos en el Gran Santo Domingo, un acuerdo ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia y defensa del Estado, así como evidencia de sabotajes a la red semafórica en agosto, todos estos aspectos forman parte de las acusaciones.
Los implicados en la Operación Camaleón están siendo investigados por diversos delitos contemplados en la legislación dominicana, tales como corrupción, uso de documentos privados, desfalco, asociación ilícita, sabotaje, robo de identidad, crímenes informáticos, contrabando, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros, todo en detrimento del Estado dominicano.
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