Audiencia considerará la adopción de medidas preventivas para involucrados en pesquisa Operativo Camaleón
Este sábado, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional evaluará la petición de medidas cautelares en contra de los implicados en la investigación del caso “Camaleón”. Este expediente, presentado por el Ministerio Público, revela una presunta red de corrupción y crimen organizado vinculada a los procesos de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Se ha determinado que esta organización habría concedido de manera ilegal a la empresa Transcore Latam el control de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo.
Contexto y señalamientos
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó el viernes pasado la solicitud formal de medidas coercitivas, detallando una serie de delitos graves como desfalco, estafa al Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica. Entre las pruebas presentadas se destacan contratos fraudulentos relacionados con la modernización del sistema de semáforos en la zona mencionada, así como evidencias de un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa destinado a la usurpación de funciones de organismos de inteligencia y seguridad.
Las personas acusadas incluyen al exdirector del INTRANT, Hugo Beras; el coordinador de Despacho, Frank Díaz Warden; el exdirector de Tecnología, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S. También se encuentran implicados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas.
Despliegue y descubrimientos
La Operación Camaleón, realizada por más de 170 efectivos policiales y 30 fiscales especializados, incluyó allanamientos en viviendas y negocios en diferentes áreas. Durante la operación se incautaron múltiples pruebas que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, lo que llevó a calificarla como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado.
También se reveló evidencia de sabotaje a la red de semáforos en agosto, uno de los sucesos que motivaron las investigaciones y forman parte de las acusaciones presentadas.
Formalización de cargos y bases legales
Los acusados enfrentan múltiples cargos en virtud de varios artículos de la Constitución y del Código Penal dominicano, abarcando delitos como corrupción, coalición de funcionarios, desfalco y estafa, así como infracciones contempladas en diversas leyes. Se ha solicitado que el proceso sea declarado complejo debido a la magnitud de las acusaciones y la cantidad de pruebas presentadas.
Con todos estos elementos, se espera que el tribunal acceda a las solicitudes del Ministerio Público tanto para imponer medidas cautelares como para declarar la complejidad del caso, lo que extendería el período de investigación y juicio.
En este proceso, es fundamental garantizar la transparencia y la justicia en la resolución final de este caso que ha conmocionado a la opinión pública.