Ministerio público solicita duras sentencias para involucrados en operación Iguana
El fallo del Tribunal Colegiado de Jimaní se reserva para el jueves próximo a las 10 de la mañana.
Después de finalizar la presentación de la acusación por delitos relacionados con tráfico ilícito de migrantes, violaciones contra la administración pública, posesión ilegal de armas y secuestro, el Ministerio Público pide a un tribunal en esta provincia que se impongan penas de 30 y 20 años de cárcel a los integrantes de la red criminal desmantelada en la Operación Iguana.
La solicitud incluye que Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán sean condenados a 30 años de prisión, mientras que a Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración (DGM), junto con el inspector de Migración Johan Rosario Castillo y Deivi Novas Reyes, se les pida una pena de 20 años.
El Ministerio Público también busca que Dominga Guzmán sea sentenciada a 2 años de prisión en suspenso por complicidad en el tráfico ilícito de migrantes.
Las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) han presentado esta solicitud ante los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes anunciarán la sentencia el jueves 10 de octubre a las 10 de la mañana.
En 2022, la PETT, dirigida por la procuradora general Yoanna Bejarán Álvarez, llevó a cabo la Operación Iguana mediante nueve allanamientos simultáneos en varios municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, desarticulando así una red que operaba en la frontera entre República Dominicana y Haití.
Durante los allanamientos, se capturó a los acusados y se incautaron siete vehículos, 127 pasaportes de extranjeros, cerca de 116 mil pesos y 383 dólares, numerosos documentos y un arma de fuego calibre 9 mm como pruebas.
Proceso de investigación
La investigación penal iniciada en diciembre de 2021 por el Ministerio Público, con la colaboración del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, reveló pruebas que vinculan a los miembros de la red con el tráfico ilegal de migrantes y secuestro de ciudadanos cubanos, así como otros delitos relacionados. Los acusados también empleaban amenazas y chantajes para extorsionar sobornos.
Además, retenían a las personas involucradas en el tráfico ilegal hasta recibir el rescate exigido para su liberación, llegando incluso a amenazar para el pago de rescate.
Las funciones dentro de la red criminal eran diversas. Según el expediente, Volquez Guzmán usaba la casa de su madre, Dominga Guzmán, para mantener a los migrantes retenidos hasta recibir el pago o las condiciones para su liberación.
El grupo enfrenta acusaciones por violaciones a múltiples leyes, incluyendo la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.