La República Dominicana ha escalado posiciones a nivel global en sectores como la economía, el turismo, la salud pública, la gobernanza, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. No obstante, cuando hablamos de seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico, nuestra posición es alarmantemente baja, tanto en el contexto americano como en el internacional.
Desde su inicio en el año 2017 hasta la fecha actual, el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago ha extendido su gratitud hacia la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por las diversas reuniones efectuadas. Durante estos siete años, los planes y propuestas que no se concretaron han prevalecido sobre las acciones de verdadero efecto materializadas por esta entidad, establecida bajo la Ley 63-17.
Entre los liderazgos que ha tenido Intrant, encontramos desde responsables de implementar paradas de autobús que nunca funcionaron, hasta líderes sindicales enfocados en beneficios propios, pasando por aquellos que se concentraron en la colocación de semáforos y la implementación de reductores de velocidad, además de aquellos que buscaron promover la seguridad vial mediante la prensa y las redes sociales. Desafortunadamente, estas iniciativas no se alinean con las prioridades estratégicas a nivel global establecidas por las Naciones Unidas.
Hay esperanza de que Milton Morrison, quien asumió este cargo mediante el decreto 391-24, consiga generar un cambio significativo. Cuenta con el respaldo de la ciudad de Santiago, el gobierno municipal, el Plan Estratégico y más de 305 entidades sociales y empresariales que poseen el único plan de seguridad vial municipal del país.
El desafío de la seguridad vial se agrava principalmente en dos grandes ciudades, Santiago y Santo Domingo, lugares donde la supervisión y el control son escasos, pese a ser centros neurálgicos que conectan con los principales destinos turísticos del sureste (Punta Cana-Bávaro) y el norte (Puerto Plata y Montecristi) del país. Sería prudente para el Intrant focalizar esfuerzos de fiscalización en estas áreas urbanas y rutas.
Es crucial que el Intrant asigne eficientemente recursos financieros, humanos y materiales para estas áreas y rutas clave. A pesar de que solo el 10% de los motociclistas utiliza cascos aprobados, muchos agentes de la Digesett no se focalizan en este aspecto crucial, optando en cambio por enfocarse en la distracción que suponen los celulares en autos de alta gama, un factor que no constituye una causa directa de fatalidades. Esta no es la forma de proceder.
El número de motocicletas incrementa a un ritmo superior al 7% anual, alcanzando la cifra de 3 millones 281 mil unidades que transitan diariamente sin las medidas de seguridad adecuadas, representando el 56.5% del total de vehículos motorizados y siendo responsables del 60% de los incidentes mortales en el tráfico. Los ruidosos escapes y la imprudencia de los conductores convierten a estas motocicletas en uno de los principales factores de riesgo, manteniendo al país en los puestos más altos de mortalidad debido a accidentes.
Con tasas de mortalidad fluctuando entre 27.2 y 31.5 muertes por cada cien mil habitantes, una gestión y control eficaz de este factor de riesgo permitiría cumplir con el compromiso ante la ONU de reducir la mortalidad en tráfico a la mitad para el año 2030, situándola en menos de 14 muertes por cada 100 mil habitantes. Diariamente, más de 15 millones de desplazamientos originados en estas vías involucran a recién nacidos, niños, familias y conductores bajo los efectos del alcohol, habituados al peligro constante de fallecer en cualquier instante. Santiago está preparado para sumar esfuerzos con el Intrant en esta y otras iniciativas.