Críticas por allanamiento en empresa de transporte
Tras la detención de un exdirectivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), diversas voces políticas expresaron su descontento por el procedimiento realizado por el Ministerio Público en la residencia del exfuncionario.
Representantes del PRM argumentan que se debería haber tratado al exdirectivo con más respeto y cuestionan la acción de allanamiento y arresto llevada a cabo por la entidad persecutora.
Creen que la Procuraduría debería priorizar los interrogatorios y permitir a los acusados presentar sus defensas antes de privarles de su libertad.
Además, miembros de la oposición señalan que este arresto pone de manifiesto la disparidad en el tratamiento que el Ministerio Público da a los casos de corrupción relacionados con oficialistas y opositores.
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Hugo Beras mantiene la calma a pesar de su detención
La abogada de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, ha comunicado que su cliente se encuentra tranquilo tras la incautación de dos vehículos y su teléfono celular durante el allanamiento en su residencia vinculado al contrato del Intrant.
Especifica que las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las razones detrás de estas incautaciones ni sobre los posibles cargos relacionados con el caso.
Nuevas detenciones
Por otra parte, cinco personas más han sido arrestadas en relación con un escándalo de corrupción que salió a la luz en octubre de 2023, cuando se descubrieron irregularidades en un contrato para el control de la Red Semafórica del Distrito Nacional.
Los detenidos son Fran Rafael Atiliano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinici Padovano Báez y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público detalla que esta trama se remonta a 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) obtuvo contratos estatales, incluyendo uno para la empresa Dekolor S.R.L., de la cual es co-gerente con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha recibido más de RD$ 4,655 millones por emitir licencias de conducir, a un coste de RD$ 805.69 cada una. En 2020, Gómez Canaán se benefició de un acuerdo ilegal con el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., aun cuando dicho contrato no está oficialmente registrado.