Investigación de ente gubernamental sobre aumento de víctimas en enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad
La Defensoría del Pueblo, a través de su titular, Pablo Ulloa, requirió a la Dirección de la Policía Nacional un reporte acerca de los decesos en situaciones de enfrentamientos con la ley en supuestos tiroteos que involucran a agentes del orden.
En el documento, se menciona el caso de un joven fallecido en Sábana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, y se destaca que, en lo que va del año, más de 54 individuos han perdido la vida en confrontaciones con la Policía Nacional.
“La cifra es sin duda preocupante, ya que la rapidez con la que se difunde esta información en los medios de comunicación dificulta que la población que la recibe pueda formarse una opinión adecuada sin generar dudas, comprensibles en una sociedad democrática, sobre el uso proporcionado o no de la fuerza mortal por parte de los miembros de una agencia ejecutiva del Estado”, subrayó Ulloa en su solicitud.
El informe detalla que el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (núm. 590-16) establece como uno de sus pilares fundamentales la actuación proporcional, de modo que el uso de la fuerza solo será válido como última instancia y siguiendo criterios de oportunidad, coherencia y proporcionalidad, de acuerdo con la Constitución del país, las leyes y las normativas vigentes. Además, los artículos 32 y 33 indican que la Dirección de Asuntos Internos está facultada para investigar faltas cometidas por los agentes de policía y el posible uso excesivo de la fuerza.
Pablo Ulloa
Asimismo, en base al artículo 13 de la Ley núm. 19-01 que establece la figura del Defensor del Pueblo para velar y supervisar la labor de la Administración pública, este organismo solicita: a) un reporte sobre las acciones tomadas hasta el momento respecto al caso del adolescente fallecido por disparo en Sábana Grande de Boyá, en septiembre del 2024; b) un informe detallado sobre la cantidad de fallecidos en acciones policiales y persecuciones de individuos en conflicto con la ley durante el 2024, especificando, entre otros aspectos, cuántas investigaciones ha iniciado la PN por indicios de uso desmedido de fuerza por parte de sus efectivos y cuántos agentes han sido llevados ante la justicia cuando, tras existir pruebas que sugieran excesos en su accionar, se les atribuye responsabilidad penal.
“Valoramos el esfuerzo que realiza la Policía Nacional para asegurar la paz y protección de la ciudadanía, por lo que es crucial garantizar que las acciones de la institución se lleven a cabo respetando los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana”, expresó Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo otorgó un plazo de 30 días a la Policía para presentar la información requerida en cumplimiento de la ley 19-01.
Extra: Es vital que las instituciones gubernamentales mantengan un diálogo abierto y transparente con la ciudadanía para garantizar la confianza en sus acciones y decisiones.
En este contexto de crecientes tensiones, es fundamental promover el respeto a los derechos humanos y velar por la integridad de todas las personas involucradas en situaciones de conflicto.