Desmantelamiento de red ilegal por más de 600 millones de pesos

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Vega, ha interpuesto cargos formales en contra de Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa ficticia White Castle Real State SRL, implicados en actividades ilegales como tráfico de mercancías, evasión fiscal y blanqueo de capitales en La Vega.

Tras una indagación dirigida por la Fiscalía de La Vega, Melvin Castillo Hernández fue detenido el 20 de enero de 2024, vinculado con el almacenamiento de mercancías ilegales durante un registro en el sector del Estadio Olímpico en La Vega.

En el allanamiento se confiscaron diversos productos ilícitos, que incluían 112 aires acondicionados nuevos, múltiples marcas de bebidas alcohólicas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y elementos valiosos como joyas y piezas de alto valor económico.

La investigación financiera realizada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a petición de la Fiscalía de La Vega, reveló un crecimiento exponencial en la cuenta del acusado, que pasó de tres mil pesos a una suma colosal entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a RD$585,586,839.98, sumándose RD$46,958,927.32, totalizando 632 millones 545 mil 766 pesos.

Además, se descubrió que Angélica Inés Tejada Hernández, madre de Melvin Castillo Hernández, actuaba como testaferro, sin poder justificar la procedencia lícita de esta astronómica cantidad de dinero, ambos siendo parte de una empresa inactiva llamada White Castle Real Estate SRL.

En una serie de cinco confiscaciones realizadas la semana pasada, se destaca la incautación de una residencia de tres pisos donde se encontraron mercancías ilegales, un establecimiento de bebidas, y otras propiedades valoradas en aproximadamente veinticinco millones de pesos.

Los acusados enfrentan cargos por violación a múltiples leyes dominicanas relacionadas con lavado de activos, tráfico ilegal de mercancías, contrabando, régimen tributario y leyes financieras y monetarias.

La magistrada Ramona Nova Cabrera, en funciones como titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, declararon en un comunicado que la acusación demuestra un firme compromiso contra la delincuencia organizada y cuenta con pruebas contundentes para perseguir y sancionar a los responsables.

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Asimismo, se informó que la investigación estuvo a cargo del procurador fiscal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Claudio Alberto Cordero Jiménez.

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