La justicia se impone sobre 115 individuos vinculados al tráfico ilegal de migrantes en el último año
En los últimos 13 meses, durante la gestión del vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez al mando de la Comandancia de la Armada Dominicana, se ha llevado a cabo la detención y procesamiento de aproximadamente 115 personas relacionadas con el contrabando de migrantes hacia Puerto Rico.
De acuerdo con reportes, muchos de estos individuos se encuentran recluidos en diversas cárceles del territorio dominicano, principalmente en las áreas Este y Nordeste, donde operaban en gran medida los grupos liderados por los capturados.
Las operaciones de captura de traficantes y la desarticulación de las organizaciones criminales fueron realizadas por la Dirección de Inteligencia Naval M-2, en colaboración con el Departamento de Operaciones, encargados de coordinar las acciones contra los viajes ilegales hacia Puerto Rico.
Los operativos dirigidos a evitar los desplazamientos ilegales hacia Puerto Rico se concentran mayormente en localidades como San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Bayahibe, Miches, Sabana de la Mar, así como en municipios como Puerto Plata, Sánchez, Samaná, Río San Juan, entre otros.
Además de los responsables de la organización y los capitanes de las embarcaciones, también se han arrestado a individuos que se dedicaban a reclutar personas interesadas en emprender el viaje hacia Puerto Rico, especialmente en áreas rurales de las regiones Este, Nordeste y Sur del país.
Los organizadores cobran sumas que oscilan entre 400,000 y 600,000 pesos a aquellas personas que desean viajar en yolas hacia Puerto Rico, una inversión que resulta en pérdida al no cumplirse el objetivo de llegar a la isla.
En los últimos meses, la Armada Dominicana ha logrado desmantelar fábricas clandestinas dedicadas a la construcción de yolas, incluso en áreas de difícil acceso, principalmente en la región oriental del país.
Un informe proporcionado por la Armada detalla que, como consecuencia de las acciones emprendidas para desarticular estos grupos delictivos, se ha recibido un apoyo incondicional de parte de las autoridades judiciales en las diversas jurisdicciones del país.
Además, recientes acciones contra la migración ilegal dejan en evidencia la necesidad de intensificar la cooperación regional para combatir esta problemática que afecta a numerosas comunidades vulnerables.